La disputa legal que enfrenta a JZ International con Gedesco se adentra en una exclusiva fase tras la admisión de una demanda por parte del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, bajo la dirección del juez Víctor Gómez. Este conflicto pone de relieve las tensiones entre el fondo de capital privado estadounidense, que detenta un 675% de las acciones de Gedesco, y la dirección de la empresa valenciana, especializada en financiación para pequeñas y medianas empresas. La acusación central da un giro en torno al supuesto desvío de fondos significativos por parte de los gestores de Gedesco hacia otras compañías con las que tienen vínculos personales.
La querella, presentada el 12 de abril, se sosten en la afirmación de que Antonio Aynat, Francisco Javier García Escriváundefined de Gedesco), junto con los exdirectivos Miguel Rueda y Ole Groth, habrían canalizado, al menos, cien millones de euros hacia entidades bajo su control, en un aparente abuso de seguridad y potencial fraude. Este movimiento financiero ha levantado sospechas sobre la gestión y ha motivado a JZ International a buscar una intervención judicial que asegure la transparencia y el correcto empleo de los recursos de la compañía.
La demanda no solo destaca por las cifras implicadas, sino más bien también por el desafío que representa para el accionista mayoritario en su pelea por ejercer influencia sobre las decisiones Mira este sitio de la compañía. La acusación señala cómo los miembros actuales del consejo de administración de Gedesco han tomado decisiones cruciales sin el permiso de JZ International, obstruyendo su participación y llevando al fondo a pedir repetidamente la convocatoria de una Junta de Inversionistas que nunca se ha realizado.
En este entramado legal, no solo están en juego las acusaciones de estafa y otros delitos, sino más bien asimismo la respuesta de los fundadores de Gedesco, quienes han iniciado varias querellas contra JZ International y sus asociados creadores por supuestas irregularidades en otras operaciones financieras. Esto incluye acusaciones cruzadas que se alargan hasta Nueva York, donde se inspecciona a Rueda y Groth por un caso paralelo de desvío de fondos.
Este complejo ámbito legal resalta las adversidades inherentes a la gestión de empresas con accionariado diversificado, singularmente cuando los intereses de los accionistas mayoritarios chocan con los de la administración. La evolución de esta situación podría sentar precedentes importantes en cuanto a la gobernanza corporativa, la transparencia financiera y el papel de la justicia en la resolución de conflictos empresariales. Conforme el caso se despliega, se sabe que más allá de las cifras y las acusaciones, lo que está en juego es la integridad del sistema de financiación de pymes y la seguridad en quienes las dirigen.